La medida fija ajustes parciales para naftas y gasoil durante mayo y difiere una porción de los incrementos acumulados de 2024 y 2025 con el objetivo de sostener la actividad sin alterar de golpe los valores en el surtidor.
El Poder Ejecutivo dispuso una nueva modificación en la carga tributaria sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono. A través del Decreto 302/2026 se estableció un esquema de actualización parcial que impactará durante mayo, mientras se pospone una parte de los incrementos acumulados para junio.
La decisión se inscribe en la continuidad de una política que viene administrando de manera gradual los ajustes derivados de la evolución del Índice de Precios al Consumidor, utilizado como referencia para actualizar los montos fijos de estos tributos desde 2018. En lugar de aplicar en forma plena las subas correspondientes, el Gobierno optó por dosificar su traslado.
De acuerdo con la normativa, entre el 1° y el 31 de mayo de 2026 se aplicarán incrementos específicos en los impuestos que gravan la nafta y el gasoil. En el caso de las naftas -tanto de hasta 92 RON como de mayor octanaje y la virgen- el impuesto sobre los combustibles líquidos subirá $10,398 por unidad de medida, mientras que el tributo al dióxido de carbono aumentará $0,637.
Para el gasoil, el ajuste será de $9,269 en el impuesto general, a lo que se suma un incremento diferencial de $5,019 para determinadas regiones del país, junto con $1,056 correspondiente al gravamen ambiental. Este tratamiento diferencial alcanza a zonas como la Patagonia, La Pampa y el sur de Mendoza, donde históricamente se aplican esquemas particulares.
El decreto también modifica el cronograma previsto en la normativa anterior, trasladando al 1° de junio de 2026 la aplicación de los incrementos remanentes vinculados a actualizaciones previas. Esa porción corresponde a los ajustes que no fueron aplicados en su totalidad durante 2024 y 2025 y que habían sido parcialmente postergados por decisiones anteriores.
En los considerandos, el texto oficial argumenta que la medida busca acompañar la evolución de la economía mediante un sendero fiscal sostenible. Bajo ese criterio, se intenta evitar un traslado abrupto de la carga impositiva a los precios finales, lo que podría tener impacto directo en la inflación y en los costos logísticos.
El esquema vigente de estos tributos establece actualizaciones trimestrales basadas en el IPC que publica el INDEC. Sin embargo, en la práctica, la aplicación plena de esas variaciones fue interrumpida en reiteradas oportunidades, dando lugar a una acumulación de ajustes pendientes que el Gobierno viene administrando en etapas.
Este mecanismo de diferimientos sucesivos generó un desfasaje entre el nivel teórico de los impuestos y los valores efectivamente aplicados. Como resultado, cada nueva decisión oficial se convierte en un factor a seguir de cerca por el sector energético, las estaciones de servicio y los consumidores.
En el mercado, la evolución de estos gravámenes incide directamente en la estructura de precios de los combustibles, aunque su impacto final depende también de otros factores como el valor internacional del petróleo, el tipo de cambio y la política comercial de las empresas del sector.
La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo.
