Apenas fueron transferidos $261.590 millones. La Ciudad de Buenos Aires y los Aportes del Tesoro Nacional concentran el 91% de lo enviado. Las provincias recibieron solo el 13% de lo que el Congreso había votado para este año.
La relación fiscal entre la Nación y las provincias se apoya en dos pilares de naturaleza muy distinta. El primero es la coparticipación federal de impuestos, que funciona como un flujo automático, diario y regido por coeficientes fijados por ley que no requiere decisión administrativa alguna ni se registra como gasto en el Presupuesto nacional.
El segundo lo integran las transferencias que la Nación decide girar a las provincias y municipios por fuera de ese régimen en materia de relaciones interiores. Se presupuestan, se ejecutan y pueden modificarse durante el ejercicio. Precisamente, las transferencias discrecionales, que engloban un volumen de recursos mucho más chico, muestran al 20 de agosto de 2026 un desenvolvimiento que explica en gran medida las principales exigencias de los gobiernos provinciales en términos de financiamiento nacional.
Según un informe de la Fundacion Eforo, de los $2.007.873 millones que la Ley de Presupuesto 2026 había destinado a estas transferencias, hoy solo queda "vigente" el 43,3%. Esto significa que, mediante modificaciones del propio Ejecutivo, el crédito vigente se redujo a $869.508 millones, eliminando el 56,7% de lo aprobado por el Congreso. De ese disponible apenas se giró efectivamente el 30,1% del crédito vigente ($261.590 millones). En números totales, lo que las provincias y municipios recibieron en la práctica equivale al 13% de lo que el Congreso había votado para 2026.
Los tres organismos que concentran el universo de recursos redujeron su crédito en proporciones muy similares (entre 42,7% y 44,3% del inicial subsiste como vigente), pero difieren radicalmente en su capacidad de ejecución: el Ministerio del Interior devengó el 60,4% de su crédito vigente, mientras que Economía, apenas el 5%.
La contracción de $1.138.365 millones no es homogénea y se explica por tres movimientos: la caída del crédito del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas ($512.673 millones), la casi desaparición de la partida Otras Asistencias Financieras ($494.290 millones, lo que representa -93,1%) y la reducción del crédito de ATN ($320.671 millones).
A partir de la información pública, puede comprobarse que las transferencias discrecionales no guardan relación con el tamaño de las provincias ni con la cantidad de habitantes que hay que atender.
El instrumento más importante son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que explican el 57,7% de todo lo efectivamente pagado hasta ahora. Se trata de un fondo que se nutre automáticamente con el 1% de lo recaudado por coparticipación, pero cuyo reparto entre provincias queda completamente a criterio del Poder Ejecutivo. Concretamente, el crédito de ATN se redujo de $569.426 millones a $248.755 millones. Los recursos recaudados que no se transfieren quedan retenidos como reserva bajo la administración central para el ejercicio siguiente, en lugar de llegar a las provincias, motivando el reclamo de los gobernadores.
De los $151.000 millones que se repartieron por ATN, Misiones encabezó el ranking con $20.000 millones, seguida por Entre Ríos ($15.000 millones),Mendoza($14.000 millones),Corrientes($14.000millones) y Chaco ($10.000). En el otro extremo, diez provincias no recibieron un solo peso por esta vía en lo que va del año: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Juntas, esas diez jurisdicciones concentran el 57,2% de los habitantes del país.
A partir de los datos, puede afirmarse que la distribución no guarda relación con el tamaño de las jurisdicciones ni con los coeficientes de coparticipación: las dos provincias más pobladas del país son Buenos Aires (no recibió nada) y Córdoba ($5.000 millones). Jurisdicciones de población considerablemente menor encabezan el reparto en términos absolutos.
La distorsión se agranda cuando se mira el dato por habitante. Catamarca recibió $26.772 por persona en concepto de ATN, mientras que Córdoba, en cambio, apenas $1.302 por habitante. Es una diferencia de más de 20 veces entre una provincia y otra.
Además de las asimetrías y heterogeneidades en la distribución de fondos, una parte significativa de lo recaudado para el Fondo de ATN no se está repartiendo en lo que va de 2026.
El crédito inicial de los ATN se redujo un 56,3% durante el año, lo que en la práctica implica que el Poder Ejecutivo decidió no distribuir una porción mayoritaria de lo que las provincias podrían reclamar. La ley establece que esos recursos pasan como reserva para el siguiente ejercicio presupuestario. Pero, si se observa solo lo efectivamente transferido, el 91,3% del total de las transferencias discrecionales se explica solo por dos conceptos: los ATN y la cautelar de la Corte a favor de la Ciudad de Buenos Aires.
El caso de la Ciudad merece una aclaración específica. Producto de un litigio judicial que comenzó en 2020 a raíz de la decisión del Gobierno nacional de bajar el coeficiente de coparticipación a la Ciudad, la Corte Suprema ordenó en 2022 una medida cautelar que obliga a Nación a pagarle a CABA fijando el coeficiente en 2,95%. Para cumplir con el fallo del máximo tribunal, en 2024 se acordó que el 1,40% se transferiría de forma automática y el restante 1,55% semanalmente desde el Tesoro nacional. Como el Presupuesto 2026 no previó un solo peso para afrontar esta obligación, se creó una nueva partida para poder realizarlo mediante reasignaciones. Sobre $190.000 millones de crédito, ya se pagaron casi $88.000 millones, representando el 33,6% de todo lo ejecutado a nivel nacional en este universo.
El caso más extremo es el del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creado por decreto a fines de 2024 para saldar deudas cruzadas entre la Nación y las provincias. Esta partida arrancó el año con $900.000 millones y, sin embargo, es la que menos se ejecutó: el 5% de lo vigente se concentró solo en Misiones y Tucumán. Dentro del total disponible, hay $387.328 millones que permanecen bajo la etiqueta "Nacional", sin destino asignado.
Paralelamente, el programa "Otras Asistencias Financieras" partió con $530.789 millones y hoy conserva apenas $36.499 millones (un recorte del 93,1%) sin devengar un solo peso. Su comportamiento fue el de una "partida de reserva" sin destino programático, utilizada exclusivamente como fuente de financiamiento para otras necesidades del año.
Del total transferido en 2026, el 99% correspondió a gastos corrientes (es decir, para sostener el funcionamiento diario) y apenas el 1% a gastos de capital, la categoría que financia obras e infraestructura. Incluso ese 1% no provino de recursos del Tesoro nacional, sino enteramente de créditos de organismos internacionales. En otras palabras, dentro de este esquema, el Estado nacional no destinó un solo peso propio a financiar obra pública provincial por esta vía en todo el año.
La Ley de Presupuesto 2026 no contempló crédito inicial para gastos de capital con recursos propios del Tesoro en esta área. El exiguo crédito vigente de $5.182 millones se originó en modificaciones financiadas por préstamos de organismos internacionales.
El 15 de septiembre vence el plazo legal para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Al mirar los datos de transferencias a provincias y comprobar el bajo nivel de ejecución de recursos específicamente asignados, se abre una pregunta clave en el próximo debate parlamentario sobre el Presupuesto 2027: ¿tiene sentido aprobar una partida presupuestaria que después se reduce a la mitad y de la que solo se ejecuta un 13%?
