La secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, acompañada por el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, brindó este martes un comunicado oficial para informar las acciones impulsadas por el Gobierno del Chaco desde el momento en que se tomó conocimiento del caso de una falsa profesional médica que habría desempeñado funciones en establecimientos sanitarios de la provinc
La secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, acompañada por el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, brindó este martes un comunicado oficial para informar las acciones impulsadas por el Gobierno del Chaco desde el momento en que se tomó conocimiento del caso de una falsa profesional médica que habría desempeñado funciones en establecimientos sanitarios de la provincia.
“Nuestro Gobierno informa la verdad y la transparencia en cada situación que atravesamos, a diferencia de épocas anteriores en donde la verdad y la información “se tapaba”. ”La primera denuncia realizada la hace el director del Hospital de Quitilipi, la segunda la hace el Ministerio de Salud del Chaco y la tercera la hace el director regional; no vamos a permitir que se confunda a la sociedad y mucho menos se utilice la información con fines políticos”.
Durante el anuncio, Meiriño detalló la cronología de las actuaciones administrativas, judiciales y policiales realizadas para avanzar en la investigación y garantizar el esclarecimiento de los hechos.
Según se informó, el 15 de abril de 2026, a las 9:05, el director del hospital de Quitilipi, Daniel Alfredo Acuña, elevó un informe a la Subsecretaría de Redes de Salud- Este, alertando que una mujer identificada como Mabel Ojeda realizaba guardias médicas de manera esporádica presentándose con la matrícula profesional N° 6822.
Tras las averiguaciones preliminares, se constató que la persona señalada no mantenía relación formal de dependencia con el Ministerio de Salud Pública. De manera inmediata, la Subsecretaría solicitó un informe a la Dirección de Fiscalización Sanitaria para verificar la matrícula utilizada.
Ese mismo día, la Dirección de Fiscalización Sanitaria confirmó que la matrícula correspondía a otro profesional médico, por lo que el Ministerio de Salud radicó la denuncia ante la Mesa Única de Ingreso y Trámite (MUIT), iniciándose el expediente judicial correspondiente por presunta estafa.
Paralelamente, el jefe de la Región Sanitaria Nº 2, Dr. Di Nubila, realizó una denuncia policial por supuesta usurpación de título y honores, causa que quedó bajo intervención de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal subrogante Gustavo Rafael Valero.
En el ámbito administrativo, la cartera sanitaria dispuso el inicio de una Información Sumaria mediante la disposición Nº 351/26, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades internas y avanzar con el procedimiento correspondiente.
Asimismo, y de manera preventiva para garantizar una investigación objetiva e imparcial, se resolvió separar preventivamente de sus cargos al director de la Región Sanitaria 2 y al director del hospital de Quitilipi.
Posteriormente, a partir de la denuncia judicial, el fiscal interviniente ordenó allanamientos, la aprehensión provincial y el pedido de captura nacional de Lidia Mabel Ojeda.
En este marco, el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chaco llevaron adelante un operativo de búsqueda que permitió localizar a la acusada el 27 de abril en la provincia de Buenos Aires. Luego de las actuaciones judiciales correspondientes, la mujer fue trasladada a la provincia del Chaco el pasado 8 de mayo para quedar a disposición de la Justicia.
EL GOBIERNO COMO QUERELLANTE
Además informar que “Nos hemos constituido como querellantes en esta causa” y remarcó que desde el primer momento el Gobierno provincial activó todos los mecanismos institucionales necesarios para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables respondan ante la Justicia.
“Desde el primer momento en que se advirtió la situación denunciada, el Gobierno de la Provincia articuló todos los resortes necesarios con el único objetivo de llegar a la verdad real y que quienes resulten responsables respondan conforme lo resuelva la Justicia, aplicándose el rigor de la ley”, concluyó.
