El Gobierno creó un programa para la detección y el bloqueo de celulares en las cárceles: estará a cargo de la subsecretaría de Articulación Federal, y el objetivo es impedir que los delincuentes puedan coordinar delitos en el exterior.
El Gobierno nacional oficializó la creación del Programa para la Detección y Bloqueo de Telefonía Móvil en Establecimientos Penitenciarios, una iniciativa que busca impedir que personas privadas de su libertad utilicen celulares para planificar o coordinar actividades delictivas desde las cárceles.
La medida fue establecida mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Alejandra Monteoliva. El objetivo declarado es “prevenir, disuadir y neutralizar” conductas vinculadas al uso de dispositivos de comunicación móvil que puedan afectar la seguridad pública.
El sistema permitirá identificar de manera individual los teléfonos que se encuentren activos dentro de los establecimientos penitenciarios. Para ello, se utilizarán tres datos asociados a cada dispositivo: el IMEI, que identifica al equipo; el IMSI, vinculado a la línea; y el número telefónico correspondiente.
Una vez detectados estos datos dentro de una cárcel, serán remitidos a las compañías de telefonía móvil, que deberán proceder con el bloqueo de los dispositivos o líneas identificadas. De esta manera, el mecanismo apunta a realizar bloqueos selectivos y no generales.
COMUNICADO.
La implementación no será automática en todas las cárceles del país. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adherir voluntariamente al programa para aplicarlo en los establecimientos penitenciarios bajo su jurisdicción.
Además, cada jurisdicción que decida incorporarse deberá hacerse cargo de los costos relacionados con la compra, instalación, mantenimiento y supervisión de los equipos de detección. La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de coordinar la adhesión.
El Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como única ventanilla para solicitar a las empresas telefónicas el bloqueo de los dispositivos detectados, por lo que las provincias no podrán ordenar directamente a las compañías la inhabilitación de una línea.
La iniciativa busca reforzar los controles sobre las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios y evitar que los teléfonos celulares sean utilizados como herramientas para coordinar maniobras ilícitas desde el interior de las cárceles.-
